Cualquier organización, por el hecho de utilizar sistemas de información, de manejar diferentes tipos de datos o de no tener diseñados y comunicados procedimientos y estándares de ciberseguridad, puede ser susceptible de ser víctima de una amenaza cibernética, que puede producir diferentes tipos de pérdidas (económicas, reputacionales, etc.).
Un delito contra la intimidad, de daños informáticos o contra la propiedad, etc. supondría, además de la pena que se impondrá al autor del delito, la responsabilidad penal propia de la persona jurídica, así como del órgano de administración y dirección según el artículo 31 bis del CP y en vigor desde el día 1 de Julio de 2015. Esa responsabilidad se podría extender también a los administradores en virtud de las obligaciones de diligencia que les impone la legislación.
Teniendo en cuenta este contexto, es necesario gestionar los ciberriesgos, identificándolos, cuantificándolos, mitigándolos y procediendo a su transferencia con el objetivo de reducir el impacto que pueden generar en la cuenta de resultados de las organizaciones.
13 de mayo a las 16:30h
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